Se acabó la tramitación directa de divisas entre las empresas estatales y el Banco Central de Venezuela (BCV). El instituto emisor modificó el Convenio Cambiario 11, lo que obliga ahora a los órganos y entes del sector público a acudir al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) -antiguo Cadivi- si necesitan dólares para cubrir las importaciones de productos agroalimentarios y de salud de «abastecimiento urgente» y para los pagos vinculados con la actividad productiva pública.
La decisión apareció publicada en la Gaceta Oficial 40.391 y explica que las solicitudes de divisas se realizarán bajo los procedimientos que sean dictados por el BCV en una normativa. Lo que sí aclara ya el convenio es que esos dólares tramitados por Cencoex serán liquidados en atención a un cronograma.
Las empresas públicas que requieran divisas para importaciones agroalimentarias y de salud deberán acompañar sus solicitudes al Cencoex de una autorización firmada por el Presidente de la República o, en su defecto, del Vicepresidente Ejecutivo, actuando por delegación del jefe de Estado.
El Convenio Cambiario 11 mantiene la posibilidad de que las tramitaciones de divisas para pagos de deuda pública, pagos y remesas inherentes al servicio exterior y a representación de los poderes en misiones, para seguridad pública y defensa nacional, viáticos de funcionarios que viajen en misiones oficiales, aquellas que se relacionen con el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales y de divisas que requiera la República para el manejo de las existencias del Tesoro a través de las cuentas mantenidas en el BCV sean tramitadas directamente con el emisor.
Para el director de Ecoanalítica, Asdrubal Oliveros, el cambio de reglas para las empresas importadoras del sector público representa un control para intentar minimizar la corrupción pues, como antes cada una tramitaba directamente sus divisas, no existía un verdadero control de las solicitudes.
Oliveros calcula que cerca de 40% de las importaciones realizadas entre los años 2003 y 2012 fueron ficticias, de manera que obligar a las empresas públicas a pasar por el Cencoex podría contribuir a reducir este tipo de irregularidades en el sector público.
Lo malo, a juicio del director de Ecoanalítica, es que obligar a las empresas públicas a sumergirse en la burocracia cambiaria podría retrasar las importaciones de bienes necesarios para abastecer un mercado que ya está afectado por elevados índices de escasez. «Esa estructura burocrática puede atrasar los procesos», dijo.
Fuente: El Universal