El Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que plantea modificar la Ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional (Ley N°28583). Con ella, se dispuso la eliminación del carácter de “no prorrogable” del arrendamiento de naves extranjeras para el servicio de cabotaje e incentivar, de este modo, la construcción de una flota de naves de bandera peruana, informó El Comercio.
La ley establecía anteriormente que el cabotaje estaba reservado para naves mercantes de bandera peruana o navieros nacionales en capacidad de arrendar una embarcación de bandera extranjera por un plazo máximo de 6 meses.
El ya aprobado proyecto de ley, considera que la actual regulación limita el servicio de cabotaje. Por ello plantea que las empresas o navieras nacionales que operan con naves extranjeras puedan prestar servicios por un período de tres años con la posibilidad de extender dicho plazo por un año más.
También se propone que las empresas y navieras nacionales puedan arrendar una nave extranjera hasta por cinco años, mientras reparan o construyen una nave en un astillero local.
La congresista Luciana León, impulsora del proyecto, destacó la aprobación de la norma ya que incentivará un mayor desarrollo del servicio de cabotaje.
Explicó además que mientras en Brasil, Chile y Argentina, tienen respectivamente 87, 25 y 22 naves con banderas nacionales para el servicio de cabotaje, en el Perú solo hay 11 y de los cuales apenas 2 transportan productos, mientras el resto se dedica al transporte de gas, petróleo y líquidos por ser más rentable.
Señaló además que “con la aprobación de la norma, el 20% de la carga que viaja por tierra pasaría a nuestro mar, es decir cerca de 20 millones de toneladas podrían ser trasladadas por cabotaje. Además, los costos de transporte se pueden reducir en un promedio de 15%».
En tanto, Carlos Posada, director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL, calificó como «positivo» el cambio, puesto que al poner plazos u otras restricciones al cabotaje se limita la actividad empresarial y la generación de empleos, lo que se traduce en menos recaudación. «Cuando tenemos una regulación cerrada y solamente unos pocos pueden operar, lo que logramos es que el servicio sea limitado, de mala calidad y costoso», acotó.
Por MundoMaritimo